Así es el nuevo proyecto de Ley de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid

El nuevo proyecto de ley de la Comunidad de Madrid sobre el alquiler vacacional, impedirá a los particulares alquilar su vivienda durante las vacaciones. Ya que se exigirá una licencia de actividad de la que solo pueden disponer inmuebles cuyo uso esté orientado a la producción de servicios (hoteles, oficinas…), ubicados en suelos terciarios, mientras que las viviendas se encuentran en suelo residencial.

Dada la evolución y el volumen que está alcanzando este segmento de mercado, muchas de las organizaciones e instituciones informan de la imposibilidad de cumplimiento de tal normativa, lo que dotaría de cierta opacidad todas las cuestiones referidas al negocio de un sector que tiene un importante impacto económico sobre todo en la capital.

Tras la publicación el pasado mes de junio de la nueva ley del alquiler, el derecho de arrendamiento de una vivienda para uso turístico ha pasado a regirse por las normativas turísticas de las diferentes Comunidades Autónomas. Así como la Comunidad de Madrid publica este borrador de ley a fin de regular la actividad con unos mínimos requisitos que garanticen los derechos de los usuarios turísticos, y acaben con situaciones de intrusismo y competencia desleal.

Por otro lado, los particulares solicitan que se sustituya la licencia de actividad por la de primera ocupación como requisito indispensable, que sí que posibilitaría el ejercicio de la actividad dotando a los usuarios de mayores garantías.

La aplicación del proyecto podría traer consigo una mayor opacidad en la actividad, ya que muchas viviendas quedarían al margen de la legalidad y eludirían el pago de las obligaciones fiscales, no solo como establecimientos turísticos, sino como particulares en el ejercicio de una actividad profesional.

Desde Adaix abogamos por una regulación positiva de esta nueva forma de hacer turismo, cada vez más en boga, y que resulta una alternativa complementaria a los hoteles. Tal regulación podría llevarse a cabo introduciendo tasas para ejercer la actividad, asegurando una calidad mínima o teniendo un seguro para el huésped, que posibilite tanto a particulares establecer una relación comercial legal, y con garantías.