En ella se recoge la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos en los que haya riesgo de exclusión social.
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca) Se aprueba en el Parlamento Andaluz la Ley de la Función Social de la Vivienda solicitada y con aportaciones, de la PAH -Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta norma recoge las medidas del Decreto Ley de la Función Social recurrido por el PP y como novedad, recoge la ampliación de la cobertura a los avalistas propuesta por la PAH.
En Abril de 2012 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a través de la PAH de Málaga solicitó al Gobierno andaluz a través de Izquierda Unida, promover una legislación que apoyara a las familias ante sus dificultades de vivienda dentro del marco autonómico con la expropiación de la cesión de uso de vivienda.
Desde entonces el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Vivienda ha legislado, primero a través de un Decreto Ley, que fue paralizado por parte el Tribunal Constitucional, y ahora a través del Parlamento, la llamada Ley Antidesahucios.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se congratula de que se haya desarrollado una Ley que mejora la situación de los ciudadanos hipotecados en proceso de desahucio y que favorece el uso habitacional del parque de viviendas si son objeto de especulación por parte de Bancos y otras corporaciones dando un paso adelante para considerar que la vivienda tiene una función social.
Es de nuestro interés hacer saber a la ciudadanía de la importancia de esta Ley para hacer valer el Derecho a la Vivienda, e instamos al Gobierno andaluz a que configure las consejerías afectadas dotándolas de los recursos necesarios para que se desarrolle sólidamente. Esperamos que este instrumento legislativo ayude a paliar las dificultades de vivienda de los andaluces, que se acrecientan por el abuso durante todos estos años por parte de las entidades financieras.
Estos abusos nos impiden el desarrollo como individuos y como sociedad. Esta Ley es una demostración de que ¡Sí Se Puede!. Es una intervención institucional de las de abajo, autogestionadas. En estos momentos diferentes comunidades autónomas ya están legislando en esta dirección como Navarra o Canarias, que han aprobado sus leyes y otras están ya en preparación.
No obstante, queremos resaltar cómo esta ley deja fuera a las miles de familias. Actualmente en Andalucía hay muchas familias que están realojándose en viviendas vacías y que siguen al margen de la ley sufriendo más allá de la falta de vivienda y la persecución judicial. Ante una vulneración sistemática de los derechos humanos. A pesar de que el Estado no cumple con la prerrogativas constitucionales de garantizar vivienda a su ciudadanos y de la existencia de un parque de viviendas en el mercado especulativo de la propiedad, una situación inadmisible tratándose además de viviendas de bancos rescatados con dinero público.