Han pasado cinco años desde que se dio por explotada la burbuja inmobiliaria, un lustro donde, a falta de propuestas, ha predominado el debate sobre la acción y el diseño de nuevos modelos económicos para el denostado sector de la construcción, para algunos, uno de los principales culpables junto a la banca de todos los males que asolaron la economía española.
Para el Gobierno, la resurrección sana de la construcción -que llegó a generar el 20% del PIB-, y sus problemas estructurales, pasa por Ley de rehabilitación, regeneración y renovación de espacios urbanos, aprobada hace un mes, que entra en vigor el 28 de junio, una vez que ha sido publicada en el BOE. Gracias a ella, el Gobierno calcula que se crearán 160.000 puestos de trabajo hasta 2020.
El Gobierno calcula que se crearán 160.000 empleos en el sector hasta 2020
La nueva norma prevé la rehabilitación forzosa para los edificios que superen los 50 años -unos tres millones de viviendas- de aquí a 2018, a los que se aplicará un nuevo sistema de inspección de edificios. En esa rehabilitación, exigirá una memoria económica que explique cómo financiará la obra. Además, cuando lo regulen las administraciones locales, en 10 años quedará extendido a todos los edificios de vivienda colectiva, a medida que se cumplan los plazos de revisión de las ITE actuales.
A nivel práctico, la Ley simplifica el concepto de obra rehabilitación para que reformas menores opten a ayudas públicas, replantea los juegos de mayorías dentro de las comunidades de propietarios -penaliza las mayorías hegemónicas (60%) en las asambleas-, y facilita la introducción del sector privado en la gestión de proyectos urbanísticos.
Financiación
Los ayuntamientos podrán actuar de oficio y ordenar rehabilitaciones de edificios privados. Para pagarlos, la Ley permite a las comunidades ceder «partes del inmueble -en alquiler o derecho de uso- a cambio de pagos aplazados», o fijar «permutas o cesión de terrenos o parte del inmueble sujeto a reforma por determinada edificación», y que puedan «alquilar locales, viviendas o otros elementos comunes». Es el caso de las viviendas de los porteros, que en muchos casos carecen de cédulas de habitabilidad.
También invita a las constructoras a cobrar la reforma a coste cero y de forma diferida, en función de los ahorros energéticos obtenidos. Esta fórmula servirá, según los administradores de fincas, para «combatir la morosidad financiera en las comunidades de propietarios».
Para la Izquierda Plural, la ley sólo busca «convertir la ciudad en una gigantesca plusvalía latente», por la cual las herramientas del sector de la construcción se trasladan al de la renovación, con el riesgo de que generar una nueva burbuja. Más aún, para ciudadanos, la ley provoca un «incremento de los deberes», mientras se ofrece un «negocio oportuno y voluntario para las empresas».
Sanciones
En otro de los apartados de la Ley quedan fijadas también las sanciones en materia de certificación energética de edificios y graduación. Así, las infracciones leves se sancionarán con multas de 300 a 600 euros; las graves, de 601 a 1.000 euros, y las muy graves, con entre 1.001 y 6.000 euros.
Además, el texto aclara que «no obstante lo anterior, en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas en el apartado precedente, la sanción se impondrá por un importe equivalente al del beneficio así obtenido».
También tendrá en cuenta el daño producido, el enriquecimiento obtenido injustamente y la concurrencia de intencionalidad o reiteración en la infracción.
Fuente: elmundo.es