La batalla contra la economía sumergida en España ha alcanzado su máximo este verano, cuando se han incrementado notablemente las inspecciones. Trescientos técnicos de Hacienda y Empleo han recorrido con éxito la costa española a la ‘caza’ de fraudes en alquileres y hostelería.
Los inspectores de Hacienda han perseguido los alquileres de viviendas con dinero negro, buena parte de ellos localizados en las zonas de playa.
Al despliegue se han sumado también técnicos de Empleo, que se han centrado en requerir toda la documentación sobre contrataciones y afiliaciones a la Seguridad Social en bares, restaurantes, chiringuitos de playa y pequeños locales.
Alquileres no declarados en zonas turísticas
Los técnicos de Hacienda han intensificado este verano las visitas a pisos que figuran como vacíos pero tienen inquilinos que pagan el alquiler a sus propietarios en dinero negro.
Uno de los métodos que suelen revelar a los inspectores este tipo de fraude son las viviendas que figuran como vacías pero al mismo tiempo tienen unos gastos corrientes periódicos significativos: en luz, agua, gas…
Pues bien. Las fuentes a las que tenido acceso ECD explican que casi un 60% de los arrendamientos que han visitado durante todo el verano eran alquileres sumergidos que escapaban del control de Hacienda, sobre todo en zonas turísticas.
Inspecciones en ferias y fiestas de toda España
Los inspectores de la Agencia Tributaria también han hecho acto de presencia en pueblos y ciudades de toda España durante las fiestas patronales de este verano, para detectar posibles irregularidades en las actividades que realizan esos días.
También han sido frecuentes los ‘peinados’ en ferias, tanto de carácter lúdico como comercial, con el objetivo de controlar que se cumplen las obligaciones tributarias por parte de los empresarios que gestionan los distintos ‘stands’ y las actividades desarrolladas en estos certámenes.
El objetivo es localizar también a trabajadores que estén percibiendo una prestación del Estado (desempleo, ayuda familiar para personas que ya han agotado el paro…) y que, al mismo tiempo, cobran dinero por su trabajo en el festejo, cantidades que no declaran.
Consejos Adaix
Esta practica se extiende tal vez desde el desconocimiento del ciudadano que alquila en primer lugar y no exige la documentación, (contrato actualizado a legislativa, deposito de fianza en diputación provincial, etiqueta energética…) Y por otra parte el desarrollo de la idea «lo que te puedas ahorrar, si no la declaras» pero ¿y los problemas que esto puede acarrear?.
A parte de las sanciones administrativas de hasta 3.000€, un contrato de arrendamiento puede ser declarado nulo, y por tanto su no validez ante cualquier denuncia y/o juicio, por cualuquier tema derivado de este, ya que prevalecerá el que ese arrendamiento se ha realizado desde el primer momento de forma ilegal.
Por tanto ese pequeño ahorro no declarado a hacienda puede hacer que la justicia no nos de la razón y que incluso se causa de un problema mayor o una sanción administrativa.
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