Una nueva directiva comunitaria acaba de entrar en vigor relativa a los contratos garantizados por una hipoteca o un derecho relativo a un inmueble de uso residencial. Esta normativa exige a los países miembros a segurar una publicidad veraz que no genere falsas expectativas respecto al coste o disponibilidad del crédito.
De este modo se quiere terminar con la irresponsabilidad que ha habido en cuanto a la contratación y concesión de los préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras y los diferentes actores del mercado. A fin de que todos los consumidores que concluyan sus contratos de crédito para bienes inmuebles cuenten con una protección garantizada.
Objetivos Fundamentales
- Garantizar un marco de crédito uniforme para los consumidores, que permita una reducción de las cargas administrativas de intermediarios.
- Proporcionar una información completa y comprensible para los consumidores del producto bancario. Será necesaria la utilización de ejemplos representativos, y una información pormenorizada.
Gran parte de los problemas observados derivan de los créditos concedidos en divisas dado el tipo de interes ventajoso que ofrecen, pero sin contar con una comprensión real o adecuada del riesgo de tipo de cambio que conlleva. Esto se debe a deficiencias en la normativs y el mercado, pero también a cuestiones relativas a problemas en la conyuntura económica general y al desconocimiento generalizado en materia económica.
De este modo, tales problemas podrían generar una serie de efectos macroeconómicos directos e indirectos con consecuencias negativas para el consumidor, que generasen obstáculos en materia de economía y jurisdicción transfronteriza e inequidad entre las condiciones de competencia de los diferentes operadores del mercado.
Asimismo la norma crea un marco jurídico a fin de regular de una forma equivalente ciertos aspectos de la legislación de los estados miembros respecto a los contratos de crédito al consumo garantizados mediante hipoteca sobre inmuebles residenciales.