La crisis económica ha cambiado la vida de muchas familias hasta límites insospechados. En algunos casos, perder el trabajo y dejar de recibir ingresos ha hecho que no puedan seguir asumiendo el pago de los alquileres o las cuotas de hipoteca de sus viviendas. Sin una solución alternativa, se han visto empujados a abandonar sus hogares.
Durante los últimos años han aumentado considerablemente los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Vemos casos casi a diario en los medios de comunicación. Esta situación, ya grave de por si, se convierte en un auténtico drama social cuando tenemos en cuenta que, a menudo, renunciar a la vivienda no acaba con el problema, ya que muchos perjudicados mantienen parte de la deuda una vez perdido el piso.
La situación ha abierto un intenso debate social y político. Ha inducido a reflexionar sobre la idoneidad de una ley hipotecaria demasiado estricta y sobre la falta de recursos de la administración pública para cubrir un derecho fundamental como es disfrutar de una vivienda digna.
Muchos agentes sociales han intentado buscar soluciones que permitan reconducir el drama y ofrecer una segunda oportunidad a los afectados. Y los agentes inmobiliarios no podían faltar: proponen algunas medidas que contribuirían a paliar los efectos actuales de esta situación y evitar que se vuelva a repetir en el futuro:
1. Reformar la legislación en materia hipotecaria o, por lo menos, vigilar que se aplique correctamente la normativa vigente. De esta manera se evitarían posibles situaciones abusivas por parte de entidades financieras y se limitaría el sobreendeudamiento de los ciudadanos.
2. Reducir la presencia exclusiva de las entidades financieras en este proceso. Para conseguirlo, habría que introducir la figura de tasadores y mediadores especializados en el sector inmobiliario, que participen en el proceso desde el inicio de la mora con imparcialidad e independencia. “Los agentes inmobiliarios jugamos un papel destacado en este sector desde hace mucho tiempo”, asegura Joan Ollé, presidente del colectivo API en Cataluña. “Nuestra experiencia y el amplio conocimiento que tenemos del mercado nos permitiría actuar como mediadores entre particulares y entidades, acompañando a los afectados para rebajar su angustia y buscando la mejor solución para ambas partes”.
3. Analizar cada caso de manera individualizada con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a las circunstancias de cada afectado. “En algunos casos podríamos encontrar una salida con la dación en pago, acompañada, según el caso, por el arrendamiento al ocupante; e incluso se podrían convenir rebajas en la deuda, todo ello siempre que existiese acuerdo entre las dos partes. Pero no es una medida que se pueda generalizar”, explica Joan Ollé. Para analizar cada caso concreto, sin embargo, resulta imprescindible contar con estadísticas fiables, detalladas y actualizadas sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias, así como la intervención de nuestros mediadores.
4. Buscar salidas alternativas al embargo y la subasta, que supongan el menor perjuicio posible a los afectados. Y, en caso de no poder evitarlo, ofrecerles un amplio apoyo social, de manera que se respete siempre su derecho a disfrutar de una vivienda digna. “Darles una segunda oportunidad permitiría que los afectados se pudieran reintroducir en el sistema. Eso ayudaría a reactivar la economía y evitaría que algunas de estas personas se vieran empujadas a sobrevivir mediante la economía sumergida”, concluye Ollé.