Se ha llevado a cabo la reforma de la Ley de costas, finalmente se ha optado por perpetuar lo construido sobre la playa, al darle 75 años más de vida a construcciones que a partir de 2018 debían comenzar a pasar a manos del Estado para ser demolidas.El Gobierno argumenta que la ley había creado “inseguridad jurídica” y mala imagen de España en el exterior, ya que había extranjeros afectados.
El ministro Medio Ambiente, explicó que “dentro de cinco años se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste”. Añadió que con la reforma busca “mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida a los stocks de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral”.